QUITO (AP) — La mayor organización indígena de Ecuador reclamó el miércoles en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que consideran criminalización de al menos 29 casos de aplicación de justicia indígena.
Reprochan que el Estado ecuatoriano no ha respetado su milenario derecho de aplicar un sistema propio de resolución de conflictos y solicitan el cumplimiento de los derechos constitucionales que corresponden a un estado intercultural y plurinacional.
La denuncia fue presentada en una audiencia pública ante la CIDH en la que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) expuso sus argumentos y pidió que se promuevan espacios de diálogo para la protección y fortalecimiento de los sistemas de justicia de los pueblos indígenas.
En representación de la Procuraduría del Estado ecuatoriano, Alonso Fonseca, ratificó el compromiso de la Fiscalía y del sistema de justicia ordinario de profundizar en el cumplimiento de derechos y avanzar en la capacitación de funcionarios sobre la justicia indígena.
Durante las audiencias, la Comisión recibe información sobre la aplicación de derechos humanos en diferentes países de la región y luego emite recomendaciones para el respeto y goce de los mismos. En casos de “gravedad”, la Comisión puede solicitar a la Corte Interamericana dicte “medidas provisionales” para evitar daños irreparables, según señala su estatuto.
En Ecuador, la Constitución reconoce en su artículo 171 que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas “ejercerán funciones” judiciales con base a sus tradiciones ancestrales y derecho propio “dentro de su ámbito territorial”.
Además, dispone que se “aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos” que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos y que el Estado garantizará el respeto a dichas decisiones.
En el país existen 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas reconocidos. Según la Conaie, se registran 10.000 comunidades en todo el territorio.
Entre los mecanismos de aplicación de justicia indígena más conocidos están los baños de agua helada, golpes con plantas urticantes, o que el culpable cargue sacos de tierra mientras es expuesto en ropa interior ante la comunidad.
Pese al reconocimiento constitucional, Alex Toapanta, dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi, aseguró ante la CIDH que existe una “persecución y criminalización al ejercicio de la justicia indígena” con lo que este derecho ha quedado como “una falacia”.
Sin citar cuál fue el castigo implementado, Toapanta narró el caso de un líder comunitario en la provincia de Cotopaxi, en el centro andino del país, quien tras imponer una sanción económica fue demandado y sentenciado a un año de prisión y a reparar con más de 8.000 dólares a quien él había sancionado.
Es uno de los 29 casos que recoge un informe presentado por la confederación indígena y que, según el coordinador legal de la CONAIE, Lenin Sarzosa, evidencia la criminalización de los dirigentes comunitarios por ejercer la justicia indígena.
El jurista comentó que, en otra comunidad indígena del centro de Ecuador, ante una presunta estafa a los comuneros con estructura piramidal se castigó a dos personas incluyendo la reparación económica a los afectados. Ahora, quienes lideraron el proceso afrontan una denuncia penal, dijo. Tampoco dio a conocer cuál había sido la sanción impuesta por los dirigentes.
La dirigente y autoridad de la provincia de Cotopaxi, Lourdes Tibán, afirmó a la AP que las penas están normadas en las comunidades y se aplican “de acuerdo a la gravedad” del delito juzgado. Negó que irrespeten los derechos humanos.
La dirigente agregó que los casos de juzgamiento indígena solo pueden ser revisados por la Corte Constitucional ecuatoriana, cuando se presuma violación de derechos humanos y no podrán ser revisados por la justicia ordinaria para no caer en la prohibición de doble juzgamiento por una misma causa.
La justicia indígena se puede aplicar a cualquier persona que cometa un delito dentro “del territorio sobre el cual la autoridad tiene competencia”, explicó Tibán, excepto cuando se trate de delitos contra la vida, añadió.
El coordinador legal de la CONAIE también enumeró los gastos judiciales que deben enfrentar las comunidades para defenderse ante la justicia estatal y la negativa de los dirigentes a liderar las comunidades por el miedo a ejercer sus derechos como autoridades, provocando “una afectación integral”, denunció.
Los pueblos recurren a mecanismos de justicia indígena no solo por ”proximidad geográfica y cultural”, sino además por “la falta de protección estatal”, admitió el representante de la Procuraduría del Estado.
Para el constitucionalista, André Benavidez, la regulación que existe para coordinar entre estos dos sistemas, “resulta insuficiente” tanto en la sanción de delitos como para evitar la impunidad, dijo en diálogo con AP.
“Bajo el pretexto de que el delito se cometió en una comunidad, hay sujetos que no son sancionados y hay situaciones en la cuales ya no se sanciona en la justicia ordinaria”, lo cual requiere una mayor legislación, insistió.
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